Tres peligrosas criminales

POR Lidice Rincón Gallardo

 

En una madrugada de agosto de 2006, en un efectivo dispositivo policiaco, se capturó a tres peligrosas criminales acusadas de secuestrar a seis agentes armados de la AFI. Las indígenas otomíes Teresa González Cornelio, Alberta Alcántara Juan y su líder, la temible vendedora de aguas frescas Jacinta Francisco Marcial.

Así es, según dicha agencia de investigación tres indígenas fueron capaces de mantener presos a seis de sus muchachos entrenados y armados hasta los dientes. Ya ni Rambo.

Al parecer todo empezó el 26 de marzo de 2006, cuando los agentes irrumpieron, sin identificarse, en un tianguis de Santiago Mexquititlán, en Amealco, Querétaro. Buscaban productos pirata y dejaron a su paso cuantiosos daños, que exigieron los locatarios fueran pagados quedándose en prenda un agente en lo que llegaba el funcionario encargado de resarcir el daño. No imaginaban que la venganza de la autoridad iba a ser tan cruel. Fueron apresadas como peligrosas criminales, enjuiciadas en una lengua que apenas manejan, obligadas a firmar confesiones que no eran capaces de leer y sentenciadas a 21 años de prisión y una multa por más de 90 mil pesos.

Por tres años nadie pudo hacer nada por ayudarlas. Las autoridades ponían oídos sordos ante los reclamos de la sociedad, de las organizaciones de defensa de derechos, Amnistía Internacional e incluso de la ONU, ante las claras inconsistencias en las acusaciones: agentes que no se presentaban a declarar, falta de traductores que pudieran explicarles en hñahñú (su lengua) qué estaba pasando y de qué las acusaban y un abogado que cobraba pero no hacía nada.

Tres años pasaron antes de que Jacinta fuera liberada, no por inocente, sino por falta de pruebas; diferencia importante. La PGR nunca aceptó su error o mala fe. Simplemente, desde su punto de vista, Jacinta tuvo la suerte de que todavía no han podido encontrar pruebas para inculparla, pero ya amenazaron con seguir buscando. Parece que a las autoridades se les olvida que todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario y que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. Esa pequeña diferencia también implica que, al no haber probado Jacinta su inocencia, la PGR no está obligada a resarcir el daño, dar una disculpa pública ni sancionar a quienes pudieran ser culpables de este abuso de autoridad.

Pero, un momento, eran tres las detenidas. ¿Dónde están Alberta y Teresa? Presas. Según la PGR ellas sí están confesas (en español) de los delitos cometidos. Sólo espero que todos los activistas que tan valerosamente lucharon por la liberación de Jacinta no se dejen llevar por el golpe mediático y dejen a las demás perderse en el olvido dentro de la cárcel.

Todos hemos visto las imágenes de Jacinta ya liberada, con problemas para expresarse en nuestro idioma pero llena de cultura, la suya, añorando a sus hijos que tuvieron que crecer tres años sin su madre, sufriendo la humillación de ir a ver a un ser querido en la cárcel; los maltratos, las revisiones, la vigilancia. Queriendo aprender a leer y escribir el español, marcada de por vida pero dispuesta a perdonar y dejar todo atrás. Ojalá el sistema y la justicia mexicana se lo permitan, ojalá no haya ningún otro sucio ajuste de cuentas como los que acostumbran los encargados de brindarnos justicia.

¿Qué pasa en nuestro México que una mujer —sólo por exigir el pago de los daños causados por una autoridad— recibe un ajuste de cuentas? ¿Es un caso aislado? Lo dudo. Recuerden a los indígenas de Acteal, a quienes después de 11 años se les dijo: “Perdón, fue un error”, están libres pero no regresen a su pueblo porque les puede ir mal.

Es muy doloroso aceptar que esta sigue siendo la realidad del estado de derecho en nuestro país. Justicia que se vende al mejor postor. Una “traficante” de aguas frescas encarcelada por “secuestrar” a seis agentes y los dueños de una guardería donde murieron casi 50 niños contra los que no se ha hecho nada. Justicia selectiva en la que el pobre, inocente o culpable, pasará los peores años de su vida sin libertad, mientras que quien trafica con permisos, licitaciones y con la vida de niños inocentes queda impune.

Vivimos en un país donde el delito más grave es ser pobre, mucho peor si además existen las agravantes de ser indígena, mujer o pertenecer a cualquier tipo de minoría en estado de indefensión.

Es responsabilidad de todos hacer lo posible por que las mujeres como Jacinta puedan llevar una vida plena, que mujeres como Teresa y Alberta sean liberadas y reciban un trato justo, que hechos como los de Acteal no se repitan. Porque nuestros hijos, hijas, indígenas, estudiantes, niños, jóvenes y ancianos puedan salir a la calle con la confianza de que existe un estado de derecho, justo e imparcial, sin tenerle más miedo a la autoridad que a los criminales.

presidencia@fundaciongrg.org

Activista