OPINION | TRANSPARENCIA Y EQUIDAD DEL FINANCIAMIENTO PARTIDARIO

El Código Electoral de 2009 apostó por la modernización de la legislación que rige los comicios patrios. Resultaron particularmente significativos los cambios orientados a ampliar las posibilidades de la participación política (voto de los costarricenses en el exterior, paridad por género en las estructuras partidarias y en las listas de candidatos, plantillas en braille, observación doméstica de las elecciones, etc.) y a fortalecer la institucionalidad electoral (regulación de la jurisdicción electoral y creación del Instituto de Formación y Estudios en Democracia).

El régimen de financiamiento de los partidos también constituyó un eje fundamental de la reforma. En punto a la contribución estatal, cabe resaltar la adopción de un mecanismo eficaz de financiamiento permanente de las agrupaciones políticas, la subvención de las elecciones municipales y la simplificación de los trámites de comprobación de los gastos.

Propició, por otro lado, un modelo de mayor transparencia y control respecto de las donaciones privadas, eliminando los espacios de impunidad que la legislación previa dejaba.

Una figura perversa. La reforma de 2009, empero, mantuvo la autorización para ceder la deuda política, mediante la emisión de certificados partidarios, los cuales propician inequidad y opacidad en el manejo de las finanzas partidarias. Por ello y desde el año 2001, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ha venido recomendado la eliminación de esta perversa figura.

No obstante, en virtud de una acción de inconstitucionalidad que actualmente conoce la Sala Constitucional, se encuentra suspendida esa autorización, lo que representa una oportunidad para que la sociedad costarricense evolucione hacia un sistema de financiamiento partidista que aliente mayor transparencia y equidad.

Filosofía de la reforma. Ante este panorama, que supone que en las próximas elecciones los partidos no dispondrán de lo que tradicionalmente ha sido su principal fuente de financiamiento, el TSE presentó recientemente ante la Asamblea Legislativa un nuevo proyecto de reformas en materia de financiamiento partido.

Estas persiguen: a) que las agrupaciones políticas puedan contar oportunamente con los recursos necesarios para enfrentar la campaña, pero sin incrementar su dependencia respecto de los grandes contribuyentes privados ni tampoco el monto de la contribución estatal, y b) disminuir los costos asociados a esas campañas.

Las propuestas han sido especialmente cuidadosas en no sacrificar los logros alcanzados en términos de transparencia y control del financiamiento partidario, que más bien se procura afianzar y, por otro lado, se conciben como una ocasión propicia para mejorar los índices de equidad de las contiendas electorales.

Esta filosofía no solo armoniza con sentidas demandas de la sociedad costarricense, sino que representa una manera de dar respuesta al imperativo establecido hace más de una década en la Carta Democrática Interamericana que, en su artículo quinto, señala que el fortalecimiento de los partidos es prioritario para la democracia y agrega: “Se deberá prestar atención especial a la problemática derivada de los altos costos de las campañas electorales y al establecimiento de un régimen equilibrado y transparente de financiación de sus actividades”.

Componentes. Con base en esos objetivos, el primer componente de la reforma consiste en eliminar definitivamente los certificados partidarios para, en su lugar, robustecer el sistema de financiamiento anticipado de las elecciones nacionales y municipales, permitiendo a los partidos utilizar, antes de las votaciones, hasta un cincuenta por ciento (50%) del monto que se determine como contribución estatal.

La propuesta incluye la creación de un incentivo fiscal para quienes realicen donaciones a los partidos políticos, como mecanismo para incentivar pequeñas donaciones de muchos ciudadanos, en lugar de grandes donaciones de unos pocos.

Adicionalmente, se establecen franjas electorales con el fin de visibilizar a todas las opciones políticas, con lo cual se generaría una mayor equidad en la contienda, un abaratamiento de las campañas electorales y una reducción significativa de los gastos partidarios en radio y televisión. Las franjas se basan en la premisa según la cual el espectro electromagnético pertenece a todos los costarricenses, por lo cual sus concesionarios deben contribuir a la democracia otorgando a los partidos espacios gratuitos para fomentar el debate preelectoral, con los benéficos efectos que ello conlleva según se aprecia de la exitosa experiencia en países como México, Chile, Brasil y Argentina.

Se propone una contribución similar de los autobuseros del país para instaurar el transporte público gratuito de electores, a fin de promover la participación política, restar costos a los partidos y fortalecer la equidad entre los diferentes sectores socioeconómicos de la población.

Con el mismo propósito de reducir costos innecesarios, el proyecto elimina la obligación de los partidos relativa a la publicación anual de los estados financieros, porque su conocimiento público está asegurado con el deber de colocarlos en el sitio web del TSE.

Otro aspecto novedoso consiste en ampliar las atribuciones del fiscal partidario para que pueda velar por la corrección en el manejo de las finanzas. Tal propuesta responde al propósito de fortalecer la vocación de control interno de los partidos políticos.

Estas son, en síntesis, las propuestas de reforma que el TSE somete a consideración de la Asamblea Legislativa. Con ellas el sistema político y de partidos se verían notablemente fortalecidos, por tratarse de medidas dirigidas a que los dineros que se destinan a la política, públicos y privados, se manejen con mayor transparencia y equidad.