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Al pueblo de Nicaragua y a la comunidad de naciones civilizadas del mundo

ILEGAL E ILEGITIMO

TESTIMONIO – DENUNCIA

 

Después de un año y cuatro meses y medio de observar y escuchar a la Pareja Suprema constituida por el Comandante Daniel Ortega Saavedra y Doña Rosario Murillo, actuando en escenarios enflorados y refrigerados con recursos de confuso origen,  ya nadie a nivel nacional e internacional se podrá llamar a engaño sobre las siguientes realidades:

1.               La decisión de la Pareja Suprema de establecer en Nicaragua, con el apoyo y financiamiento del Comandante Hugo Chávez Frías, una nueva dictadura disfrazada de “segunda etapa de la revolución” de los años 80 que todos sabemos fallida.

2.               La ineptitud de dicha pareja para crear consensos y conducir a este país con visión de Nación y de Estado.

3.               Su incapacidad para resolver problemas vitales para la vida diaria de todos los estratos de la población.

4.               Su capacidad aparentemente inagotable para tergiversar la verdad, para crear conflictos a nivel nacional e internacional y para enajenarse la voluntad de los países más generosos y pacientes.

5.               Bajo el gobierno de la pareja Ortega-Murillo, Nicaragua se ha convertido – ¡de nuevo! – en motivo de preocupación para la comunidad democrática mundial, en refugio de terroristas y en exportador de agitadores y desestabilizadores.

6.               Incapaz de cumplir sus promesas y de satisfacer las legítimas expectativas de nuestro pueblo empobrecido al extremo, mientras las riquezas de nuestro país están siendo repartidas y compartidas como botín entre familiares, funcionarios del partido gobernante y sus socios nacionales y extranjeros, la Pareja Suprema necesita desviar y confundir la atención interna e internacional creándose focos de presuntas amenazas a fin de trasladar a enemigos que sólo existen en su mente la responsabilidad por su fracaso. 

7.               La Pareja Suprema está arrastrando a Nicaragua hacia una situación de violencia impredecible que – al igual que los crímenes políticos, las violaciones a los derechos humanos y la persecución genocida contra los miskitos y otras etnias de la Costa Caribe que marcaron los inicios de la primera dictadura sandino-orteguista - terminará por derramarse y extenderse a toda la región centroamericana.

8.               No obstante que las apariencias colocan en la Pareja Suprema la responsabilidad de este fracaso y del caos resultante, su comportamiento no es fortuito sino que forma parte de un plan regional de desestabilización concebido por estrategas cubano-venezolanos, presuntamente ligados a los remanentes de la KGB de la extinta Unión Soviética, a la Stasi del régimen comunista de Honnecker en la igualmente extinta República Democrática de Alemania y a otros aparatos de inteligencia del colapsado Bloque Soviético. Al igual que el fallido “efecto dominó” que prácticamente los mismos actores impulsaban en los años 80, el objetivo final de la actual ofensiva anti-democrática no es solamente Centroamérica sino México - donde  López Obrador espera agazapado como tigre al acecho - cuya desestabilización política, económica y social repercutiría inevitablemente sobre la seguridad y estabilidad de los Estados Unidos de América.

Sin perder de vista el alcance geoestratégico, la complejidad y la coherencia conceptual y operativa de este ominoso proyecto, en este momento, es prioritario para los nicaragüenses identificar y neutralizar la causa inmediata de la grave crisis que sacude a Nicaragua. Dicha causa reside en el hecho de que Nicaragua no tiene Presidente sino un gobierno de facto producto de un fraude. En efecto, en las elecciones del 7 de noviembre de 2006, se produjo un fraude que muchos conocen pero pocos logran situar en el contexto geopolítico real. Más reducido aún es el número de aquellos que, ignorantes de las graves consecuencias y alegando realismo - pero, en realidad, por cobardía o instinto de supervivencia – optan por el silencio.

Por mi parte, después de profunda reflexión y análisis y de consulta con personas sabias y probas, considero llegado el momento de hacer públicos los hechos irrefutables, las situaciones verificables y las argumentaciones con sólido fundamento filosófico y ético que expongo a continuación:

Todo poder tiene como fundamento la legalidad y la legitimidad. Ambos elementos son necesarios pero no siempre ocurren simultáneamente o en el orden óptimo. Es “legal” aquel gobierno en cuyo origen se ha observado todos los aspectos previstos en una Ley legítima. Ahora bien, un presidente que pretende haber ganado las elecciones por haberse (supuestamente) cumplido lo previsto en la Ley Electoral, fruto de las reformas introducidas por el pacto Alemán-Ortega, no puede ser legítimo porque la legalidad derivada de dicho Pacto hunde sus raíces en un acuerdo mafioso de protección mutua y de impunidad que lo vicia irremediablemente y lo priva de toda legitimidad. Es, en efecto, ilegítimo en su origen porque forma parte de un acto indivisible de Alta Traición y es ilegítimo en su expresión por ser contrario a la esencia de la democracia al pretender imponer el voto de una minoría contra el voto de la mayoría. El que Arnoldo Alemán y Daniel Ortega, en un acto de Alta Traición a la Patria, se hayan puesto de acuerdo en los porcentajes obscenos ya conocidos y que dicho Pacto haya sido avalado por la mayoría de diputados liberales y sandinistas de la época no es fuente de legitimidad ni de derecho porque contraviene un principio fundamental de la democracia que obliga a respetar la voluntad claramente mayoritaria de los electores expresada en procesos electorales fiables y transparentes. El resultado de la contienda electoral de noviembre del 2006 sólo podría haberse dirimido en una segunda vuelta. Sin embargo, previendo la inevitable derrota del Comandante Daniel Ortega Saavedra en una segunda vuelta, gracias al voto coincidente de los sectores democráticos – ALN, PLC y MRS -  el candidato Ortega y su cómplice pactista Arnoldo Alemán, ordenaron a sus Magistrados impedir la segunda vuelta recurriendo al fraude. 

El fraude se demuestra con los hechos siguientes:

Pocas horas después de concluida la jornada electoral, un alto funcionario de la Organización de Estados Americanos (OEA), cuyo nombre me reservo por el momento, que observaba la recepción de informes remitidos por los Consejos Electorales Departamentales, expresó claramente al candidato presidencial de la Alianza PLC José Rizo Castellón lo siguiente: “Basados en la enorme experiencia que tiene la OEA en procesos electorales y en conteo de votos y observando la tendencia de los resultados que arrojan los informes que se está recibiendo, ustedes van a una segunda vuelta.”

Poco más tarde, el mismo alto representante de la OEA llamó a los candidatos de la Alianza PLC, esta vez para alertarlos sobre el comportamiento de los magistrados liberales del CSE: “Están dejando pasar todo”, sentenció, sin lograr ocultar su perplejidad ante el comportamiento de los Magistrados liberales que, siguiendo instrucciones expresas de su caudillo, Arnoldo Alemán, actuaban de consuno con los magistrados sandinistas favoreciendo a Daniel Ortega y en contra del candidato Rizo que, en ese momento, llevaba la delantera. “Si ustedes no hacen nada – advirtió el alto funcionario de la OEA a Rizo y Alvarado - no habrá segunda vuelta y Daniel Ortega será proclamado Presidente.” El propósito del alto funcionario de la OEA (que como observador y diplomático no podía exceder sus propias atribuciones) era, evidentemente, proporcionar a los candidatos Rizo y Alvarado indicios sólidos para que éstos actuaran.  

Casi simultáneamente o muy poco después – así me lo han confirmado los máximos dirigentes de dos de los partidos aliados del PLC que seguían de cerca el conteo en el Centro de Conteo Paralelo, instalado en la Sede del PLC en Vimsa – Agustín Alemán, sobrino de Arnoldo Alemán y, desde la trágica muerte de su hijo Arnoldito, su colaborador de mayor confianza - les impidió abruptamente entrar a la sala de computadoras alegando órdenes superiores que sólo podían provenir de su propio tío quien, no obstante ser únicamente Presidente Honorario del PLC es quien realmente decide en dicho partido. Agustín Alemán impidió también la entrada al recinto a José Rizo, candidato presidencial del PLC, y a la hija de José Antonio Alvarado (candidato a la Vicepresidencia) que, hasta ese momento, había tenido también entrada franca a dicho recinto.

Esto lo refirió el propio Dr. José Rizo Castellón ante dirigentes nacionales de varios partidos políticos, incluyendo al suscrito, durante una reunión de la Alianza Democrática Nicaragüense (ADN), en la sede del Partido Unionista Centroamericano (PUCA) a la cual yo asistía como invitado. El Dr. José Antonio Alvarado, que también participaba en dicha reunión, confirmó taxativamente lo aseverado por el Dr. Rizo.  Ambos – Rizo y Alvarado – manifestaron haberse encontrado ante un dilema angustioso que no acertaban a resolver: por un lado no podían aceptar el fraude que se estaba cometiendo bajo sus propias narices pero, por el otro, no se atrevían a hacer pública la advertencia del alto representante de la OEA “porque” - así lo expresó José Rizo – “no era conveniente poner en aprietos a una organización tan importante y prestigiosa como la OEA.” En ese momento, uno de los presentes los increpó enardecido: “¡O sea que Ustedes, por cobardía o por una malentendida y estúpida cortesía, cerraron la boca cuando lo que debían haber hecho es convocar de inmediato a los medios para denunciar ante la prensa nacional e internacional lo que estaba sucediendo! ¡Ustedes debían haber exigido que se detuviera de inmediato el conteo y se recomenzara bajo la estricta vigilancia de observadores nacionales e internacionales experimentados y honestos!”

Esto es lo que todos los presentes, que éramos unas diez o doce personas, entre políticos y dirigentes sindicales, escuchamos perplejos de la propia boca de los Doctores José Rizo Castellón y José Antonio Alvarado, actores centrales, directamente perjudicados (pues eran candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia, respectivamente, por la Alianza PLC). De esta información, sin embargo, no se puede deducir si la segunda vuelta habría sido entre la fórmula Rizo-Alvarado del PLC o entre la fórmula Montealegre-Cajina de la ALN y la fórmula Ortega-Morales del FSLN. Lo que sí es absolutamente seguro es que se habría necesitado ir a una segunda vuelta en la que el Comandante Daniel Ortega Saavedra habría sido abrumadoramente derrotado.   

En términos éticos y políticos, la realidad es todavía más grave y el abuso más burdo, al considerar que ni siquiera con el fraude, Daniel Ortega puede haber obtenido el resultado que pretende, es decir, el 38 por ciento de votos favorables, ya que, hasta la fecha, el Consejo Supremo Electoral no ha rendido cuentas de la distribución del 8% (ocho por ciento) de los votos emitidos. El hecho de no haber tomado en cuenta la distribución de los votos de ese 8% que correspondía mayoritariamente a Centros de Votación rurales donde los liberales y sus aliados son indiscutiblemente mayoritarios, es otro elemento que invalida los resultados. 

Todo lo anterior nos obliga a constatar, a reconocer y a afirmar enfáticamente lo siguiente: El Comandante Daniel Ortega Saavedra que, actualmente, ejerce de facto el poder ejecutivo - compartiéndolo forzadamente con su esposa, la Sra. Rosario Murillo, por circunstancias que no es el momento de exponer – no puede demostrar haber sido legítimamente electo Presidente de Nicaragua. Queda por verse, si en el ejercicio de las funciones presidenciales  que la perversidad de los Magistrados pactistas del CSE y la ineptitud o la cobardía de los candidatos de la Alianza PLC – verdaderos “perros mudos”, en palabras de la Escritura - pusieron en sus manos del Comandante Ortega Saavedra, éste logra adquirir una “legitimidad de ejercicio” ya que – lo repetimos – no puede reclamar legalidad ni legitimidad de origen como lo demuestran los hechos y datos irrefutables antes consignados.

Consciente de las graves consecuencias para la nación y de los riesgos personales que conlleva, en pleno ejercicio de mis derechos y en cumplimiento de mis deberes ciudadanos, firmo esta denuncia formal y lanzo esta campanada de alerta a toda la nación y a la comunidad democrática mundial, en la ciudad de Diriamba, cuna de Diriangén, nuestro Cacique nacional, y de Salvador Mendieta,  principal impulsador del Unionismo y de la Integración Económica y Social de Centroamérica, a los 22 días del mes de mayo del 2008. 

José Esteban González Rappaccioli

 

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