Por: Gerardo Enrique Garibay Camarena
"Acátese, pero no se cumpla"
Fórmula legal española
En la época de la colonia, existía una herramienta legal para impedir que las leyes mal concebidas afectaran a la sociedad. Se trataba de la muy conocida fórmula: "acátese, pero no se cumpla"; pues bien, ultimamente los diputados y senadores nos han endilgado un par de leyes que definitivamente, hubieran requerido de la aplicación de ese precepto.
Hablamos, por inicio de cuentas, del famoso registro nacional de teléfonos celulares, que, supuestamente, busca evitar las extorsiones al mantener un directorio con el nombre de todos los usuarios de esta tecnología en nuestro país.
El problema con este armatoste es que, lo único que va a provocar, será que los delincuentes se roben los teléfonos desde los cuales van a seguir extorsionando, con el añadido de que ahora las autoridades tendrán que averiguar si el ilícito cometido desde uno de estos aparatos fue responsabilidad de quien lo tiene registrado o de alguien más.
Imagínese que, tras no encontrar su teléfono móvil, se tenga que enfrentar a la pesadilla de que un día, la policía entre a su casa, destroce sus pertenencias y lo arreste frente a su familia porque el celular que usted creía perdido fue utilizado para un delito. Después vendrá, por supuesto, el "usted disculpe" pero la impotencia, la humillación, el susto y los golpes ya nadie se los va a quitar
Otro elemento muy preocupante en el caso del Renaut es el ¿razonamiento? de los legisladores, que culpan a la sociedad y, especialmente, a las compañías telefónicas, por la baja respuesta de la ciudadanía, pues, según dicen, las empresas no le avisaron a la gente que tenía que registrar sus teléfonos.
Traducido al castellano, esto significa que ahora los particulares tienen la obligación de gastar sus propios recursos para dar a conocer las necedades de sus gobernantes, todo ello mientras que las cámaras de diputados y senadores utilizan miles de minutos de radio y TV para promocionarse a sí mismas.
Esta mezcla de arrogancia, ignorancia e indolencia que en el caso del Renaut se dirige contra los empresarios, apunta también contra los sectores más pobres de la población en el tema de la reforma para perseguir, por oficio, el delito de la piratería, enfocando las baterías del estado contra los vendedores ambulantes.
Más allá del debate en torno a este fenómeno, que ya será tema de otro artículo, el hecho es que, con esta nueva disposición, los diputados están lanzando una cacería de brujas en contra de miles de ciudadanos honestos que han encontrado en la venta de estos productos una forma de llevar el pan a la mesa, tras ser expulsados de la economía formal a causa de la crisis provocada, entre otras razones, por la incompetencia de los propios legisladores.
Al mismo tiempo, de un solo plumazo, los representantes populares, están marginando a la gran mayoría de la población del acceso a los bienes culturales, pues, de aplicarse esta reforma, millones de familias simplemente serán incapaces de adquirir los productos originales.
En un país donde el 70% de las familias gana menos de 9 mil pesos al mes una ley como esta no solo es ineficaz, es indignante. Ineficaz porque reducirá mínimamente las supuestas "pérdidas" de la industria. Indignante porque significa añadir una losa más al peso de la pobreza que carga la mayoría de los mexicanos.
Ambas leyes representan tanto la falta de sensibilidad de los presuntos "representantes populares" respecto al pueblo que los eligió, como un desperdicio mayúsculo de los, de por sí escasos, recursos económicos y materiales del gobierno.
Pareciera que, para nuestros legisladores "la culpa la tiene la gente" y por eso, en lugar de generar las reformas estructurales que tanta falta le hacen al país, aprueban verdaderos esperpentos burocráticos, tan costosos como contraproducentes, al fin que, si las cosas salen mal, siempre habrá un pretexto.
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